¿Insumisión contra Educación para la Ciudadanía?

La insumisión fue un movimiento patrocinado por buena parte de la izquierda española en los años 80 que instaba a la desobediencia civil contra el servicio militar obligatorio. El derecho a la objeción de conciencia para no ir a la “mili” ya se recogía legalmente, sin embargo aquel movimiento se oponía tanto a incorporarse a filas como a acogerse a la objeción de conciencia. La consecuencia es que a los insumisos se les procesaba como autores de un delito. Pero como el clima social de la época respiraba antimilitarismo, los procesos se volvieron impopulares y alimentaban el discurso victimista de los insumisos. Al final, como todos recordamos, el servicio militar obligatorio fue suprimido, y como se recuerda menos, se dictó un indulto general para cerca de 4.000 insumisos. La batalla la ganaron los insumisos en la calle, no en los Tribunales.

Ante la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga a recibir la asignatura de Educación para la Ciudadanía, aún en contra de la voluntad y las convicciones de los padres ¿podrán los objetores a EpC hacer lo mismo que los insumisos de entonces? Si el deber de defender tu patria no constituye una obligación legal ni moral, mucho menos debe constituir ningún tipo de obligación aprender la doctrina política, ideológica o social, no ya de un gobierno u otro, sino del mismo régimen o sistema, salvo, que ahora demos por bueno que Franco acertó de lleno con su Formación del Espíritu Nacional. Pero nosotros somos de la opinión de que “cristiano a la fuerza, mal cristiano”.

Desgraciadamente el movimiento en contra de Educación para la Ciudadanía no podrá gozar de la misma publicidad positiva que los insumisos izquierdistas, porque los mamporreros mediáticos del PSOE ya se apresurarían a cultivar la imagen de los padres insumisos como la de Martínez el facha, fanático y casposo. Gabilondo ya ha equiparado a los padres objetores con los proetarras, si se convirtiesen en insumisos, serian ya peor que los mismos asesinos de ETA. En esta cuestión, como en tantas otras, se echan en falta los resortes mediáticos para sostener un clima de opinión, la influencia cultural para respaldar esa opinión y el tejido social preciso para dar una batalla, que no es jurídica, sino política y ética.

No ir a clase de Educación para la Ciudadanía

Al menos el Foro Español de la Familia, parece que va a dar esa batalla, Benigno Blanco, su presidente, ha subrayado que las familias objetoras y con una resolución judicial a su favor tienen derecho a que sus hijos no entren en clase, “hasta que la sentencia sea firme y se acabe todo este proceso, que será largo”. A su juicio, no se comete ninguna ilegalidad ni se perjudica al niño al impedirle que vaya a clase hasta que se resuelva este conflicto. Es decir hasta que no se agote la vía judicial, Tribunal Constitucional y, en su caso, Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Sin embargo creemos que los que han centrado sus críticas a la sentencia del Supremo y a la politización de los jueces están equivocados en esta ocasión. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que los nacionalistas tardarían en utilizar el precedente del derecho a objetar contra una asignatura, para intentar liberarse de aprender español o cualquier materia que les enseñe que forman parte de España? Sí, ya sabemos que no es lo mismo, pero también sabemos que basta abrir una rendija en una puerta para que se cuelen dentro.

Vuelve a acertar el presidente del Foro Español de la Familia, estamos, no ante un problema jurídico, sino ante un problema político, generado por el sectarismo de un gobierno y un partido. Conflicto, que en palabras de Benigno Blanco, podría solucionarse de modo rápido si el Gobierno dialoga y se consensúan contenidos de las asignatura “aceptables para todos”, excluyendo, como apunta la sentencia del Tribunal Supremo, cuestiones morales.

Mientras, la única solución es no entrar en clase.

Fuente: Minuto digital