Corrupción de izquierdas(II)

El alcalde socialista de Estepona dimite tras ser enviado a prisión

La jueza le imputa delitos de cohecho, malversación, blanqueo y tráfico de influencias Antonio Barrientos ingresó anoche en la cárcel junto a su jefe de Gabinete, José Flores, y un concejal del PES.

El regidor esteponero, a su salida ayer de los juzgados tras prestar declaración ante la jueza - Efe
Isabel NaranjoMÁLAGA- La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Estepona, Isabel Conejo, dictó ayer orden de prisión incondicional y sin fianza para el alcalde socialista del municipio malagueño, Antonio Barrientos, a quien imputa presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo. Tras conocer la decisión, el regidor firmó un escrito dirigido al Pleno del Consistorio en el que presenta su dimisión irrevocable. En los próximos días, además, tiene previsto hacer pública una carta dirigida al pueblo de Estepona. La magistrada decretó también prisión para el jefe de Gabinete de Barrientos, José Flores, y para el concejal del Partido Estepona (PES) Manuel Reina, en el marco de la «Operación Astapa» que investiga una trama de corrupción urbanística en el municipio. A Flores y Reina se les imputan los mismos delitos que al primer edil, si bien en el caso del concejal del PES añade un presunto delito de fraude. Los tres procesados, fueron trasladados a última hora de la tarde de ayer a la prisión provincial de Alhaurín de la Torre, en la que un día antes ingresaron el portavoz del PES, José Ignacio Crespo, y el ingeniero municipal Javier Wittmeur. La juez que instruye la «Operación Astapa» dio así por concluídas las declaraciones de los veintiseis arrestados desde el pasado martes en Estepona y otras provincias españolas. En la mañana de ayer, fijó libertad provisional bajo fianza de 300.000 euros para el abogado y militante socialista Juan Simón, y libertad provisional bajo fianza de 50.000 euros para el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano. Al primero de ellos la juez le imputa los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo, mientras que a Zamorano le acusa de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. Hasta el momento, diez de los detenidos en la «operación Astapa» ya han abonado las fianzas que les ha impuesto la magistrada y que suman un total de 1,61 millones de euros. El primero en hacerlo fue el presidente de la empresa constructora Grupo Prasa, José Romero, que ingresó el pasado jueves los 300.000 euros de fianza que le impuso la magistrada por los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la administración pública, después de que prestara declaración el pasado martes. De los que declararon ese día también ha abonado la fianza de 30.000 euros el empresario José Luis Cabas, al que se imputan presuntos delitos de cohecho y blanqueo, y la misma cantidad Ana María Crespo, hermana del concejal del PES José Ignacio Crespo, que ingresó en prisión por esta causa.