Corrupción de izquierdas(II)

El alcalde socialista de Estepona dimite tras ser enviado a prisión

La jueza le imputa delitos de cohecho, malversación, blanqueo y tráfico de influencias Antonio Barrientos ingresó anoche en la cárcel junto a su jefe de Gabinete, José Flores, y un concejal del PES.

El regidor esteponero, a su salida ayer de los juzgados tras prestar declaración ante la jueza - Efe
Isabel NaranjoMÁLAGA- La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Estepona, Isabel Conejo, dictó ayer orden de prisión incondicional y sin fianza para el alcalde socialista del municipio malagueño, Antonio Barrientos, a quien imputa presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo. Tras conocer la decisión, el regidor firmó un escrito dirigido al Pleno del Consistorio en el que presenta su dimisión irrevocable. En los próximos días, además, tiene previsto hacer pública una carta dirigida al pueblo de Estepona. La magistrada decretó también prisión para el jefe de Gabinete de Barrientos, José Flores, y para el concejal del Partido Estepona (PES) Manuel Reina, en el marco de la «Operación Astapa» que investiga una trama de corrupción urbanística en el municipio. A Flores y Reina se les imputan los mismos delitos que al primer edil, si bien en el caso del concejal del PES añade un presunto delito de fraude. Los tres procesados, fueron trasladados a última hora de la tarde de ayer a la prisión provincial de Alhaurín de la Torre, en la que un día antes ingresaron el portavoz del PES, José Ignacio Crespo, y el ingeniero municipal Javier Wittmeur. La juez que instruye la «Operación Astapa» dio así por concluídas las declaraciones de los veintiseis arrestados desde el pasado martes en Estepona y otras provincias españolas. En la mañana de ayer, fijó libertad provisional bajo fianza de 300.000 euros para el abogado y militante socialista Juan Simón, y libertad provisional bajo fianza de 50.000 euros para el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano. Al primero de ellos la juez le imputa los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo, mientras que a Zamorano le acusa de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. Hasta el momento, diez de los detenidos en la «operación Astapa» ya han abonado las fianzas que les ha impuesto la magistrada y que suman un total de 1,61 millones de euros. El primero en hacerlo fue el presidente de la empresa constructora Grupo Prasa, José Romero, que ingresó el pasado jueves los 300.000 euros de fianza que le impuso la magistrada por los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la administración pública, después de que prestara declaración el pasado martes. De los que declararon ese día también ha abonado la fianza de 30.000 euros el empresario José Luis Cabas, al que se imputan presuntos delitos de cohecho y blanqueo, y la misma cantidad Ana María Crespo, hermana del concejal del PES José Ignacio Crespo, que ingresó en prisión por esta causa.

Corrupción de izquierdas

El alcalde de Estepona y varios concejales, detenidos por corrupción urbanística.
LD (Agencias) Miembros de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado de la Policía Nacional han registrado desde primera hora de la mañana de este martes las dependencias municipales de la localidad malagueña de Estepona, en presencia de su alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), que entró al Ayuntamiento, sobre las 09.10 horas, acompañado por agentes.

En este sentido, los agentes han detenido a veinte personas, entre ellos el alcalde y varios concejales, imputados de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales. La Fiscalía Anticorrupción considera que el Ayuntamiento de Estepona funcionaba "con el mismo patrón" que el de Marbella. Han asegurado que, como en el caso de Marbella, la investigación se centra en la recalificación de terrenos del municipio, que se otorgaban a diversas sociedades a un precio muy inferior al de mercado. También añaden que en la causa obran múltiples intervenciones telefónicas que indican que los concejales que firmaban esas adjudicaciones obtenían un beneficio económico

Los agentes acudieron a la vivienda del alcalde, un inmueble unifamiliar de la urbanización Bahía Azul, donde la Policía cortó la calle. Fuentes municipales informaron que el registro policial del edificio Puertosol, donde están las Delegaciones de Urbanismo y Hacienda, se desarrolló en presencia de los concejales de ambas áreas, Rafael Duarte y Francisco Zamorano, ambos del PSOE. La calle de acceso al edificio Puertosol fue cortado con coches patrullas atravesados y los agentes controlan sus entradas.

La investigación fue iniciada por un Juzgado de Estepona con el apoyo de la Fiscalía de Málaga, pero la trascendencia del caso y el alto número de personas implicadas les llevó a solicitar al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que la causa fuera asignada a la Fiscalía Anticorrupción. Tras estudiar el informe en el que se detallaba el estado de las investigaciones, Conde-Pumpido decidió hace aproximadamente un mes otorgar la competencia a la Fiscalía Anticorrupción malagueña.EFEEl Ayuntamiento de Estepona está compuesto por 11 concejales del PSOE, 5 del PP, 5 del Partido de Estepona (PES) -integrado por ex miembros del GIL-, dos del PA, uno de IU y uno de Estepona 2007, una ex alcaldesa del PP.